Desempleo sigue al alza con Kast y llega a 9,6%. El Gobierno por fin anuncia el plan Chile Despega para generar 100 mil empleos, cuando las personas que buscan trabajo superan el millón. Y mientras tanto, nos siguen pegando a los que estamos con pega: se discuten proyectos de ley pro empresa, para «flexibilizar» el trabajo y reducir sus costos.
Después de varios meses con el desempleo sobre el 8%, el Gobierno presentó este lunes el plan «Chile Despega, con más pega», un programa que pretende movilizar unos $1,3 billones con el objetivo de generar más de 100 mil empleos durante 2026 y 2027. El anuncio llega cuando la desocupación nacional alcanzó el 9,6%, según el INE.
¿100 mil empleos para casi un millón de personas que buscan trabajo?
Incluso la presidenta de los empresarios (CPC) Susana Jiménez advirtió que, considerando que hay cerca de un millón de personas buscando empleo, «tenemos que aspirar a mucho más». Por su parte, el economista Benjamín Villena, de la Universidad Andrés Bello, fue todavía más preciso: aún si se cumple la meta de 100 mil puestos de trabajo, el desempleo podría reducirse apenas en torno a 0,3 puntos porcentuales, porque no todos esos empleos serían ocupados por personas que hoy están desempleadas. Es decir, tenemos un plan de emergencia que nace corto. Para un incendio que afecta a casi un millón de personas, la meta anunciada es apagar sólo una pieza.
Primera conclusión: aunque el plan del gobierno se ejecute bien y se cumpla con la meta de los 100 mil empleos, esta meta no soluciona ni de cerca el problema del desempleo que afecta a 1 millón de compatriotas.
Pero para complicar más las cosas, la verdad es que el problema del desempleo es aún mayor. La Fundación SOL estima que si incorporamos tanto a quienes ya dejaron de buscar trabajo por desaliento, como a quienes trabajan pocas horas pero necesitan trabajar más, el desempleo y subutilización llegan al 13,2%. Es decir, el problema laboral es bastante mayor que el que aparece en la cifra oficial.
¿Qué trae el «Chile Despega»?
El plan tiene cuatro grandes líneas de acción: acelerar la inversión pública y las obras de rápida ejecución; ampliar los subsidios a la contratación y el empleo directo; entregar mayor liquidez a empresas y proveedores, especialmente mediante FOGAPE; y desplegar los proyectos con criterios territoriales y seguimiento de su ejecución. El Gobierno espera movilizar alrededor de US$1.400 millones para generar los más de 100 mil puestos de trabajo prometidos.
El curioso descubrimiento de que las obras públicas crean empleo
Al menos en algo estamos de acuerdo con el gobierno: la inversión pública genera actividad y puede generar empleo, pero resulta curioso descubrir recién en septiembre que acelerar obras públicas es una gran idea.
Durante meses hemos escuchado hablar de destrabar la inversión, reducir burocracia y acelerar proyectos. Sin embargo, mientras ahora se anuncia que necesitamos urgentemente obras capaces de generar empleo, también hemos visto proyectos públicos importantes que han sufrido postergaciones, problemas de licitación o cambios de calendario. Algunos ejemplos al respecto:
- El nuevo complejo policial de la PDI en Ñuble, una inversión cercana a los $30 mil millones: la primera licitación fue dejada sin efecto y posteriormente se abrió un nuevo proceso.
- En el Gran Concepción, el Ministerio de Vivienda debió terminar anticipadamente contratos vinculados a obras viales estratégicas paralizadas, mientras se buscaban mecanismos para asegurar su continuidad. Se espera que en enero de 2027 se reanuden las obras.
- En el caso del Tren Santiago-Melipilla, el propio Gobierno informa que las obras continúan y que el proyecto presenta un 30% de avance físico. Pero recientemente se postergó el tramo soterrado entre Lo Errázuriz y Alameda, decisión que ha sido cuestionada por autoridades locales que pidieron al Presidente reconsiderarla.
No se trata de decir que todos estos casos sean responsabilidad directa del Gobierno ni que una obra deba ejecutarse sin cumplir las reglas. Se trata de algo más sencillo: si el empleo necesita inversión pública, cada obra retrasada, licitación anulada o proyecto postergado tiene también un costo en actividad y empleo.
Entonces aparece una pregunta inevitable: ¿por qué necesitamos un nuevo «plan de emergencia» para crear empleo si una parte de la receta consiste precisamente en ejecutar aquello que el Estado ya debía ejecutar?
El propio plan del gobierno reconoce como una prioridad completar la ejecución del presupuesto vigente del MOP y MINVU, lo que abre otra discusión: no basta con anunciar dinero; hay que gastarlo bien, a tiempo y en proyectos que efectivamente lleguen a la economía real. La ejecución presupuestaria no es un asunto administrativo menor. Cuando un hospital no se construye, una vivienda no se inicia, una carretera se posterga o una obra pública queda detenida, no estamos hablando solamente de una planilla Excel. Estamos hablando de trabajadores que no son contratados, empresas que no venden y territorios que no reciben actividad económica.
Por eso, un plan contra el desempleo debería comenzar también por una pregunta bastante incómoda: ¿cuánto de lo que ya estaba presupuestado se ha ejecutado realmente y cuánto empleo pudo haber generado si se hubiera ejecutado oportunamente?
¿Más empleo o trabajadores más baratos?
Aquí aparece la contradicción más interesante. Mientras el Gobierno presenta «Chile Despega», continúa sobre la mesa la agenda de mayor flexibilidad laboral. Entre las propuestas y debates impulsados durante este período aparecen modalidades como los contratos por hora y otras fórmulas de adaptación de las jornadas. El propio Ministerio del Trabajo reconoce que el proyecto de contratos por hora busca introducir una modalidad de hasta 30 horas semanales o 120 mensuales.
La discusión puede presentarse como modernización. Pero desde el punto de vista de los trabajadores corresponde preguntar: ¿modernizar para quién?
Porque si para enfrentar el desempleo la solución consiste simultáneamente en crear empleo, pero también en reducir el costo, la estabilidad o la capacidad de negociación asociada al empleo, podemos terminar celebrando que aumentó la cantidad de puestos de trabajo, mientras disminuye la calidad de esos puestos.
Quizás el costo del desempleo no desaparezca. Quizás simplemente cambie de bolsillo: del Estado, a través de subsidios a la contratación, al bolsillo de los trabajadores, mediante menores remuneraciones, mayor flexibilidad o empleos más inestables.
¿Y si probamos otra receta?
Hay propuestas alternativas circulando en el debate político y laboral. La discusión podría ampliarse mucho más allá de cuánto subsidio entregamos para que una empresa contrate. Aquí algunos ejemplos:
- Acelerar de verdad la inversión pública y regional.
- Impulsar vivienda, infraestructura, transporte y servicios públicos.
- Fortalecer una política industrial que agregue valor a nuestros recursos naturales.
- Apoyar a las pequeñas y medianas empresas con financiamiento y compras públicas.
- Desarrollar políticas de cuidados que permitan aumentar la participación laboral femenina.
- Fortalecer la capacitación laboral vinculada a sectores productivos de mayor productividad.
- Mejorar salarios y capacidad de negociación de los trabajadores.
- Orientar la inversión hacia actividades capaces de generar empleos estables y de mayor productividad.
La pregunta entonces cambia, pasando de «¿cómo creamos 100 mil empleos?» a «¿qué tipo de economía queremos construir para que no tengamos que anunciar un plan de emergencia cada vez que el desempleo vuelve a subir?». Aquí está probablemente la discusión de fondo.
El agotamiento del actual modelo económico
Un documento reciente de Fundación SOL y Fundación Rosa Luxemburgo plantea que Chile está viviendo el agotamiento estructural de su modelo económico. Y los datos son difíciles de ignorar.
Entre 1990 y 1998, Chile creció en promedio 7,1% anual. Entre 2014 y 2025, el crecimiento promedio fue apenas 2,0%. La productividad por hora trabajada pasó de crecer 4,5% anual durante los noventa a sólo 1,0% durante el período más reciente.
¿Qué ocurrió? El problema, según este análisis, es que el modelo se apoyó durante décadas en la explotación y exportación de recursos naturales. Cuando ese impulso perdió fuerza, no aparecieron nuevas actividades productivas capaces de tomar el relevo.
Durante un tiempo, el país siguió creando empleos. Pero una parte importante de ellos se concentró en comercio, servicios y construcción, actividades de menor productividad y, muchas veces, con condiciones laborales más precarias. Eso explica buena parte de nuestras paradojas como país:
- Chile puede crecer y, al mismo tiempo, tener trabajadores pobres.
- Chile puede aumentar el empleo, pero también aumentar el número de personas que necesitan un segundo empleo.
- Chile puede exportar miles de millones de dólares en recursos naturales y, al mismo tiempo, tener salarios que no alcanzan para vivir.
- Chile puede aumentar la productividad en sectores altamente concentrados y, sin embargo, no transformar su estructura productiva.
- Chile ha tenido períodos de altas ganancias empresariales, pero la estructura productiva no se transformó sustancialmente.
Más todavía: la mitad de las y los trabajadores recibe menos de $600 mil líquidos mensuales y la proporción de personas con un segundo empleo aumentó cerca de 50% desde 2022.
Entonces quizás el problema no sea que Chile esté momentáneamente «despegando poco». Quizás el avión del modelo económico ya entregó lo que tenía para dar y ahora hay que pensar en cambiar el modelo de avión para que nos lleve a rumbos mejores. El estudio de Fundación SOL y Rosa Luxemburgo concluye que recuperar el crecimiento no consiste simplemente en recomponer y asegurar la rentabilidad del capital. Supone transformar la matriz productiva y poner en el centro las condiciones de vida de quienes viven de su trabajo.
Chile necesita hacer esta discusión postergada: discutir sobre los millones de trabajadores que ya tienen empleo pero necesitan un segundo trabajo para llegar a fin de mes. Sobre quienes trabajan por salarios que no alcanzan. Sobre quienes abandonaron la búsqueda porque dejaron de creer que encontrarían trabajo. Sobre quienes deberían estar jubilados pero continúan trabajando porque la pensión no alcanza. Y la organización de los trabajadores puede hacer exactamente esto: preguntar qué empleo, qué salario, qué productividad y qué modelo productivo necesita Chile.
Por eso, Chile necesita más que un plan para crear 100 mil empleos, porque si después de ejecutar el plan seguimos dependiendo del cobre y del litio, con baja productividad, bajos salarios y trabajadores con escaso poder de negociación, entonces habrá que reconocer algo bastante sencillo: no habremos cambiado el rumbo.
Solamente habremos puesto más combustible en el mismo avión de siempre. Y parece que la verdadera discusión que Chile necesita comenzar definitivamente es para cambiar de avión. Uno que por fin nos lleve a un mejor destino a las grandes mayorías postergadas de este país.
