“La Incompatibilidad Declarada por la Corte Suprema entre el Empleo a Contrata y la Estabilidad”
La Central Autónoma de Trabajadores y Trabajadoras de Chile (CAT) expresa su profunda consternación y convoca a un análisis crítico nacional tras el reciente fallo de la Excelentísima Corte Suprema que sentencia que el empleo a contrata en el sector público es “incompatible con cualquier pretensión de estabilidad”.
Esta decisión judicial no es un simple dictamen; constituye un revés devastador que agudiza la precarización laboral de los funcionarios públicos y, al mismo tiempo, desnuda la profunda crisis estructural de la Administración del Estado Chileno.
I. La Responsabilidad Política de Cuatro Décadas de Incumplimiento Legal.
El fallo de la Corte Suprema es el síntoma más grave de una decisión política sostenida y transversal que ha marcado a los gobiernos desde el retorno a la democracia: la omisión sistemática de aumentar las plantas funcionarias permanentes.
Durante décadas, los sucesivos gobiernos han optado por expandir la dotación del Estado a través de figuras precarias como la contrata y el honorario, eludiendo así la creación de cargos de planta que son la única garantía real de la carrera funcionaria y la estabilidad en el servicio público.
La Ley Flagrantemente Vulnerada:
El Estatuto Administrativo (Ley N° 18.834) establece un límite claro y perentorio: el personal a contrata o transitorio no puede exceder el 20% de la dotación total de los servicios públicos. No obstante, esta norma ha sido sistemáticamente violada. Año tras año, la Ley de Presupuestos ha autorizado, mediante glosas, a los servicios a sobrepasar ilegalmente este porcentaje.
El crecimiento del Estado, necesario para responder a las demandas ciudadanas, se ha cimentado contraviniendo la ley, generando una masa crítica de miles de trabajadores públicos en una situación de constante vulnerabilidad. Esta precarización es la que ha alimentado la falacia de que los funcionarios públicos “ostentan privilegios de los cuales hacen uso y abuso”, instalando una injusta carga en la opinión pública mientras se les despoja de sus derechos.
II. El Sepultamiento de la “Confianza Legítima” y el Rol de la Contraloría
En este desolador contexto de incumplimiento legal y precariedad, la doctrina de la “confianza legítima”, impulsada por los excontralores Ramiro Mendoza y Jorge Bermúdez, representó un loable intento, desde el ente de control, por aplacar los efectos del abuso. Buscaba reconocer una mínima estabilidad a los funcionarios a contrata con reiteradas renovaciones, reencauzando los principios de la carrera funcionaria ante el silencio del poder político.
Lamentablemente, el reciente fallo de la Corte Suprema no sólo dinamita este intento de protección, sino que se suma a la previa erosión provocada por la reinterpretación restrictiva de la actual Contralor General de la República, Sra. Dorothy Pérez. Hoy, el camino hacia la estabilidad, antes resguardado por una doctrina administrativa de avanzada, ha quedado legalmente sepultado.
III. Llamado a la Responsabilidad Política de la CUT y ANEF
Como Central Autónoma de Trabajadores, instamos a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y a la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), quienes se arrogan la potestad de ser los máximos representantes del mundo laboral y del sector público, a que asuman su responsabilidad política en este escenario.
Su rol histórico como negociadores les impone la obligación de responder ante el país por haber hipotecado la estabilidad del empleo público. Es imperativo un ejercicio de autocrítica profunda sobre por qué se ha permitido un silencio estratégico mientras la precarización crecía y el incumplimiento flagrante del tope legal del 20% se hacía estructural en la Administración. No basta con la condena al fallo; la inacción histórica es parte del problema que hoy enfrentamos.
IV. El Empleo Público en Riesgo: Exigencias Impostergables
El complejo escenario actual pone en riesgo el desarrollo de la función pública, vilipendiada y desprotegida. El llamado a defender la estabilidad es impostergable.
Exigimos con fuerza:
- El Fin Inmediato al Abuso de la Contrata: El Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional deben iniciar un proceso extraordinario y urgente para la creación de plantas funcionarias y el consecuente encasillamiento de los miles de
trabajadores a contrata que cumplen funciones permanentes. El objetivo debe ser retrotraer la dotación de contrata al límite legal y constitucional del 20% de la planta.
- Responsabilidad Política y Sanción Legal: Que se investigue la responsabilidad de las autoridades ministeriales y directivos de servicio qué, durante décadas, han estado contraviniendo sistemáticamente el Estatuto Administrativo, gestionando el crecimiento del Estado con personal precario.
No permitiremos que la inestabilidad y la precariedad sean la única garantía para los miles de servidores públicos que sostienen día a día el funcionamiento del Estado. El servicio público chileno exige y merece, por su propia naturaleza, estabilidad y dignidad laboral.
Hacemos un llamado a las asociaciones de funcionarios y directamente a los funcionarios públicos, a coordinar acción en este crucial momento.
¡Por la defensa de la función pública!
Central Autónoma de Trabajadores y Trabajadoras de Chile (CAT)
Ricardo Maldonado Olivares Cyntia Segovia Labbé
Presidente Secretaria General